Reforma Judicial debe ser integral y no debe politizarse
El contenido de este importante documento es el resultado de un foro realizado en julio, donde fueron convocados más de 230 mil comerciantes
La Concanaco Servytur presenta encuesta a medios de comunicación, solicita que deben ser escuchados para mejorar la propuesta a discutir
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México), presidida por Octavio de la Torre, entregará a los legisladores electos a través de los líderes empresariales con arraigo en sus comunidades, el documento de análisis con 32 propuestas de mejora a la Reforma del Poder Judicial para respaldar el ejercicio que realizó en este mes de agosto y las comunicaciones que han tenido con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y la Comisión de Puntos Constitucionales.
La propuesta que ya se presentó a la legislatura saliente, será actualizada y adicionada, para ser presentada nuevamente el próximo lunes a los nuevos diputados federales y senadores; inclusive a los Congresos Locales.
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El contenido de este importante documento es el resultado de un foro realizado en julio, donde fueron convocados más de 230 mil comerciantes para discutir y analizar las mejoras necesarias para el sistema judicial mexicano.
Octavio de la Torre subrayó que “No se trata de oponerse sistematicamente o por intereses partidistas, se requiere reconocer la problematica y actuar en consecuencia”.
Como organismo cúpula y con total independencia al ser cabeza de sector comercio, servicios y turismo en México acompañamos la discusion publica y legislativa, con propuestas y compromisos.
El documento representa una propuesta positiva y respetuosa de mejora a la reforma, destacando que los ciudadanos son los protagonistas en un México diverso e incluyente.
“Estamos a favor de fortalecer nuestro sistema de justicia para el desarrollo económico y social del país, es fundamental que jueces, magistrados y ministros sean evaluados por sus conocimientos y además cumplan con el examen de confianza. Proponemos que se publiquen las declaraciones patrimoniales sin restricciones familiares”, indicó.
Detalló que entre los puntos clave de la propuesta hay modificaciones estratégicas para garantizar la independencia del Poder Judicial, fortalecer la transparencia en los procesos de nombramiento y mejorar la eficiencia en la administración de justicia.
Entre los aspectos más destacados se encuentran:
– Independencia Judicial: donde se propone la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial independiente para garantizar que las conductas de jueces y magistrados se regulen sin influencias externas. Este tribunal podrá ser elegido de manera directa y secreta por la ciudadanía, asegurando una legitimidad democrática
• –Transparencia y Rendición de Cuentas: La propuesta incluye que todos los jueces y magistrados hagan pública su declaración patrimonial y de intereses, en la que deberán de incluir el ingreso neto recibido entre el primero de enero y treinta y uno de diciembre del año inmediato anterior y su comprobante de impuestos correspondiente, asi como la implementación de concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando siempre el principio de paridad de género.
– Eficiencia en la justicia: Se establece que los tribunales deben resolver los asuntos en un plazo máximo de seis meses, tratándose de aquellos que se encuentren listos para el dictado de la resolución que corresponda, con sanciones para los organos jurisdiccionales que incumplan esta normativa, dichas medidas serán impuestas por el Tribunal de Disciplina Judicial, y el Órgano Interno de Control cuando la falta sea cometida por los Tribunales Administrativos, asegurando así una justicia expedita y efectiva para la ciudadanía.
• –Impartidores de justicia de excelencia y altamente calificados: Se distingan por su honorabilidad, competencia y excelentes antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, quienes deberán de haber aprobado los cursos o exámenes practicados por la Escuela Federal de Formación Judicial, cuyos exámenes serán de mayor rigor que los correspondientes a Jueces de Distrito o Magistrados de Circuito
• –Postulación participativa de Colegios, Barras de Abogados y Organismos autónomos en la elección de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito. Se establece que de manera incluyente y participativa, se tomen en cuenta a las Colegios y Barras de Abogados para que propongan hasta un total de tres aspirantes por cada institución, y así como a las Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo para que está proponga hasta tres personas aspirantes, al ser este organismo de interés publico y representante del sector de los servicios a nivel nacional
Además, enfatizó la importancia de fomentar entre los ciudadanos la distinción entre el Poder Judicial, las fiscalías mejor conocidos como ministerios públicos y el personal de investigación, para una mejor comprensión de los roles y procesos de cada dependencia entre la población en general, es necesario que se manera genuina se mejore en su totalidad el sistema de justicia mexicano, no es una condición exclusiva del poder judicial y existe confusión en la población.
“Es crucial mejorar el sistema de justicia mexicano de manera íntegra, la encuesta arroja con gran preocupación la seguridad y corrupción como los principales problemas que enfrentan los comerciantes, prestadores de servicio y turisteros del país, por lo que la reforma debe de ser más amplia, existen áreas que impactan directamente a las poblaciones y la solución de conflictos entre particulares, especialmente familiar, penal, civil y mercantil dentro del Poder Judicial”, señaló.
Además agregó que “Nuestra organización se compromete a colaborar activamente para asegurar que la reforma sea implementada de manera adecuada, gradual y respetuosa de los derechos de los trabajadores de la Institución”, reafirmó.
Finalmente, coincidió en que la reforma debe incluir tanto cambios legislativos como medidas efectivas para promover una cultura de ética y responsabilidad en el ejercicio judicial, garantizando así que las leyes se apliquen de manera equitativa y justa para todos los ciudadanos.