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El respaldo que el gobierno de Claudia Sheinbaum y su partido, Morena, han decidido otorgar al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, hoy bajo investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico, representa una jugada política de altísimo riesgo.
No se trata únicamente de la defensa de un aliado: es la credibilidad de todo un proyecto político la que se pone en la balanza.
En política, cerrar filas puede ser interpretado como signo de fortaleza. Pero en este caso, la cohesión partidista corre el riesgo de convertirse en un lastre. La narrativa de la “honestidad valiente” y la lucha contra la corrupción, pilares del discurso oficial, quedarían profundamente debilitados si las acusaciones resultan fundadas. El costo no sería menor: la erosión de confianza ciudadana y el debilitamiento del prestigio presidencial.
La presidenta enfrenta así su primera gran prueba de fuego ¿Será capaz de deslindar responsabilidades individuales sin que el golpe alcance la legitimidad de su gobierno? La respuesta dependerá de la contundencia con la que se maneje el desenlace de esta investigación.
De confirmarse los señalamientos, no habrá espacio para medias tintas. El único camino viable será un mea culpa colectivo, un reconocimiento explícito de error por parte del partido y del gobierno. Sin ese gesto, el daño político podría ser catastrófico: Morena quedaría marcado por la contradicción entre su discurso y la realidad, y el sexenio de Sheinbaum podría iniciar bajo la sombra de una crisis de credibilidad.
La defensa cerrada de Rocha Moya es, en suma, una apuesta que puede terminar siendo un error estratégico monumental. El desenlace marcará no solo el futuro inmediato de Morena, sino también la capacidad del nuevo gobierno para sostener la narrativa de transformación frente a la prueba más dura: la congruencia.
Alberta: si no por amor, por dinero
A diferencia de lo que ocurre con Quebec, el separatismo en Alberta no nace de una identidad diferenciada ni de una ruptura cultural con Canadá. Nace del dinero. O, más precisamente, de la percepción de que el dinero que produce no le es retribuido en la proporción adecuada por la federación.
Rica en petróleo y gas —responsable de cerca del 80% de la producción petrolera nacional—, con uno de los PIB per cápita más altos del país, Alberta lleva décadas convencida de que aporta más de lo que recibe y, al mismo tiempo, ve cómo decisiones tomadas en Ottawa condicionan su principal motor económico. En pocas palabras, el conflicto no es identitario sino fiscal y energético.
Aunque al exterior no es muy conocido, el problema no es nuevo. Desde el Programa Nacional de Energía en los años ochenta hasta las restricciones contemporáneas a la expansión de oleoductos, Alberta ha interpretado la política del centro como una forma de intervención que redistribuye su riqueza mientras limita su crecimiento. A ello se suma la transición energética global, que presiona a las economías dependientes de hidrocarburos justo cuando la provincia busca expandir su capacidad de producción.
En ese sentido, la recolección de firmas para un referéndum independentista realizada esta semana más que como una ruptura debe interpretarse como una medida de presión. Los promotores entregaron 300 mil firmas, muy por encima del umbral legal de 178 mil, activando el proceso formal; pero ese volumen no alcanza para sostener una ruptura política real respaldada únicamente por entre el 20% y el 30% de sus ciudadanos. A diferencia del Brexit, donde una mayoría –aunque estrecha– empujó la fractura, Alberta no quiere irse de Canadá; quiere cambiar las condiciones para quedarse.
Su supervivencia a corto plazo sería complicada. Pese a tener frontera con Estados Unidos, su principal socio comercial, es un territorio sin salida al mar y depende de infraestructura –oleoductos, redes ferroviarias, puertos en otras provincias– que hoy opera bajo un marco nacional. Convertirse en un país independiente implicaría renegociar ese acceso desde una posición más débil, además de enfrentar un mercado energético estadounidense menos dependiente de importaciones que hace dos décadas.
Además, implicaría definir moneda, asumir o repartir deuda, construir un aparato estatal completo y renegociar tratados. Aún con la perspectiva más optimista implicaría años de incertidumbre económica y legal.
Comparado con Cataluña, el caso muestra una realidad completamente distinta. Cataluña, con una economía equivalente al 20% del PIB español, construyó un proyecto político de independencia con base identitaria y llegó a un punto de quiebre con el referéndum de 2017, enfrentando un Estado que cerró la vía legal. Canadá, en cambio, ofrece un cauce institucional más flexible que establece que solo una mayoría clara en una pregunta clara obligaría a negociar.
Desde Ottawa la línea es firme: la unidad del país no está en negociación, pero el proceso democrático sí tiene cauce. Canadá no reconoce la secesión unilateral, pero tampoco ignora la decisión de la mayoría.
En conclusión, nos enfrentamos a un reacomodo que no derivará en una separación sino en un ajuste de poder dentro de la federación. La amenaza separatista funciona como un elemento de negociación frente a un centro político que regula más de lo que la periferia está dispuesta a soportar. Es una señal que no necesita cumplirse para producir una reacción. La clave hoy no se encuentra en si Alberta se irá, sino en lo que logra obtener para no irse.
Apertura en sector energético
“Una apertura con reglas, una apertura normada, una apertura que pone en el centro de la construcción un planteamiento muy específico de cómo ve el gobierno esta situación. Sin embargo, es una apertura”. Probablemente, lo más significativo de dichas palabras es de quién vienen. Se trata de Katya Samohano, directora general de Iberdrola México, la empresa española que tanto hostigó Andrés Manuel López Obrador en su sexenio, y que terminó por vender sus centrales eléctricas al gobierno en 2023.
En el mismo sentido coincidieron otros directivos de empresas del sector energético que participaron en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA en la Ciudad de México: a diferencia de la administración pasada, ven un proceso de apertura a la inversión privada, particularmente en la generación de electricidad con la CFE, con la adjudicación de contratos mixtos, entrega expedita de permisos y planes claros para expandir la red.
Apenas el lunes, con la firma de decretos para facilitar las inversiones en sectores estratégicos y lograr las metas del Plan México, la secretaria de Energía, Luz Elena González, anunció nuevas convocatorias para permisos de generación, de inversión mixta, privada y desarrollo de sistemas de almacenamiento, y dio a conocer que actualmente se evalúan 81 proyectos de energías renovables en conjunto con la CFE.
El entusiasmo no es el mismo en la inversión en hidrocarburos. En Pemex las cosas parecen ir más lentas, pero la apertura del gobierno para el uso de la fracturación hidráulica para la extracción del gas shale genera expectativas, dado que los yacimientos del noreste de México son prácticamente extensiones de la formación Eagle Ford y la Cuenca Pérmica de Texas, mismas que han hecho de Estados Unidos el principal productor y exportador de gas natural. Por lo menos se espera que, antes de que diera a conocer su postura la presidenta Sheinbaum, ya se estuvieran trabajando proyectos de mecanismos de inversión, para en cuanto el grupo de científicos informen sus conclusiones y den luz verde, ya se contemplen los siguientes pasos que den certidumbre a los interesados.
Esperemos que ese entusiasmo, expectativas e interés se traduzcan finalmente en inversiones en un sector que trabaja a largos plazos, por lo que requiere estabilidad, seguridad y certeza jurídica por más de seis años.
Best WorkPlaces 2026: el poder de decisión cambia de manos
En el tablero del empleo en México, algo cambió: hoy no son las empresas las que eligen al talento, sino el talento el que decide dónde quedarse. Los resultados de los Best WorkPlaces 2026 de Computrabajo, el sitio de búsqueda de empleo líder en Latinoamérica lo confirman con claridad. Más de 353 mil voces, entre colaboradores, exempleados y candidatos, dibujan un mapa que va más allá del prestigio corporativo y revela quiénes están entendiendo, de verdad, el nuevo contrato emocional del trabajo.
Que Grupo Xcaret encabece la lista no es casualidad, porque en una industria como la turística, donde históricamente la rotación es alta y las condiciones laborales suelen ser retadoras, posicionarse como el mejor lugar para trabajar implica algo más profundo que ofrecer beneficios competitivos. Habla de cultura, de propósito y, sobre todo, de coherencia. Lo mismo ocurre con organizaciones como Cemex, Grupo Bimbo o la UNAM, que han logrado mantenerse relevantes no solo en sus industrias, sino en la percepción de quienes las viven desde dentro.
El reconocimiento a Miguel Quintana Pali como el mejor CEO del país introduce otro ángulo clave: el liderazgo ya no se mide únicamente en resultados financieros, sino en la capacidad de construir reputación como empleador. En un mercado laboral donde escasean perfiles especializados y la rotación es una constante, la figura del líder se convierte en un activo estratégico para atraer y retener talento.
Pero, hay un dato que merece especial atención: los criterios de evaluación. Ambiente laboral, liderazgo, salario y oportunidades de crecimiento siguen siendo los pilares, sin embargo, el peso específico de cada uno ha evolucionado y así como un buen sueldo sin cultura organizacional sólida es insuficiente, un liderazgo sin empatía es insostenible.
En el fondo, estos rankings no solo premian a las empresas; funcionan como un termómetro del mercado laboral, y son una radiografía de lo que las personas valoran y de lo que ya no están dispuestas a tolerar. El verdadero mensaje para las organizaciones es que el employer branding dejó de ser un discurso aspiracional para convertirse en una obligación estratégica.
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